por 
Por: Ariel Pazos Ortiz
El anteproyecto del nuevo Código de Trabajo en Cuba llega en un momento crucial. En medio de transformaciones económicas, expansión del sector no estatal y problemáticas sociales, el país requiere un marco legal que garantice derechos laborales con equidad, coherencia y visión inclusiva.
Este nuevo Código tiene el potencial de blindar esos derechos para todos, pero su éxito dependerá de una aplicación efectiva y de una cultura institucional que priorice la justicia social más allá de la burocracia o el formalismo.
Una de las señales más claras de actualización es la elevación de la edad mínima para contratar a 18 años, lo cual se alinea con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta medida protege a adolescentes de eventuales entornos laborales precarios y refuerza el compromiso del país con estándares globales.
El Código refrenda, además, la seguridad y salud en el trabajo como un derecho inalienable, aplicable a todos los sectores sin distinción entre las diversas formas de propiedad reconocidas en la Constitución de 2019. Esto adquiere relevancia en un contexto en el que formas de gestión no estatal operan frecuentemente sin supervisión adecuada. Sin embargo, la garantía legal que se propone debe ir acompañada de mecanismos de fiscalización para eliminar violaciones en materia de higiene, protección y condiciones laborales que hoy son una realidad.
Otro avance significativo es el reconocimiento de la capacitación como derecho de la persona trabajadora, pues el anteproyecto protege “la capacitación y superación que contribuya a un desempeño laboral superior, al incremento de la productividad, a su desarrollo integral y profesional”.
También se prevé la apertura del proceso de asignación laboral al sector no estatal, lo cual puede contribuir a una inserción más flexible y realista de los recién graduados.
Asimismo, la propuesta de nuevo Código del Trabajo incorpora principios de inclusión, algo que, según han explicado las autoridades relacionadas, pone el foco sobre personas con discapacidad, egresados de educación especial, jóvenes y mujeres. En particular, se prohíbe condicionar la contratación o promoción de mujeres por su estado de embarazo, lo cual representa un paso hacia la equidad de género y está en consonancia con la necesidad país de revertir las alarmantes tendencias demográficas.
La posibilidad de solicitar licencias no retribuidas para el cuidado familiar o viajes al exterior, así como un reconocimiento más explícito del teletrabajo, son otras señales de modernización en el derecho laboral cubano. Lo estipulado en el nuevo documento jurídico puede facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, especialmente en un país donde el envejecimiento poblacional y la emigración imponen complejas dinámicas familiares y sociales.
Una novedad relevante es que “los empleadores de cualquier sector, con excepción de las instituciones presupuestadas, están obligados a contratar una póliza de seguro para proteger los ingresos de las personas trabajadoras” ante interrupciones laborales. Esto, si se implementa con rigor, puede ofrecer un colchón de seguridad a trabajadores que a día de hoy no contaban con este amparo. Sin embargo, en el presente contexto cubano, donde muchas entidades de uno y otros sectores enfrentan dificultades financieras, será clave definir cómo se gestiona esta protección sin perjudicar los actuales ingresos del trabajador.
Por otra parte, el Código introduce el término “personas trabajadoras” y garantiza el acceso a la vía judicial una vez agotadas las instancias administrativas. Este enfoque de derechos es coherente con una visión más inclusiva y participativa del mundo laboral.
En suma, el anteproyecto del nuevo Código de Trabajo es sensato, aterrizado y oportuno. Reconoce realidades diversas, incorpora demandas sociales y se alinea con principios internacionales. Pero su impacto dependerá de la voluntad política, la capacidad institucional y el protagonismo ciudadano. No basta con tener buenas leyes: hay que garantizar que se cumplan, que se fiscalicen y que respondan a las necesidades contextuales de la nación.
(Ilustración tomada de Trabajadores)
