Las principales prioridades de los demócratas en el Congreso entrante probablemente serán la rendición de cuentas y la asequibilidad en el país, pero el 120 Congreso también tiene la oportunidad de abordar uno de los legados más desastrosos de la administración Trump en el extranjero: una emergencia humanitaria prevenible, impulsada por un bloqueo ilegal de combustible a Cuba.
El bloqueo estadounidense ha asfixiado la economía cubana durante más de medio siglo. El presidente Obama dio pasos históricos y populares hacia la flexibilización de las sanciones y la normalización de las relaciones con la isla, con apoyo bipartidista. Sin embargo, la primera administración Trump revirtió rápidamente estos avances y alimentó una crisis económica marcada por la inflación galopante, la escasez de alimentos y los brotes de enfermedades prevenibles. El deterioro continuó durante la administración Biden, que rechazó los llamados al cambio hasta sus últimos días.
Al comienzo del segundo mandato de Trump —con el halcón Marco Rubio al frente de la política exterior—, la tasa de mortalidad infantil de Cuba se había disparado un 148 % y más del 10 % de la población había salido de la isla en 2022 y 2023.
Luego vino el bloqueo de combustible casi total, impuesto mediante aranceles, sanciones e incluso el uso de la fuerza militar. Junto con el endurecimiento de las restricciones económicas, Trump y Rubio han buscado abiertamente un cambio de régimen, han ampliado la presencia militar estadounidense en el Caribe y han amenazado repetidamente con invadir.
La crisis económica entró en caída libre. Hoy, Cuba enfrenta el peor desastre humanitario de su historia moderna. Los apagones son frecuentes y duran horas, si no días. Cuando no hay electricidad, tampoco hay refrigeración, agua corriente ni ventiladores que proporcionen alivio ante el calor tropical. Escasean los alimentos y las medicinas. Los hospitales reportan una acumulación de procedimientos médicos pendientes y operaciones realizadas a la luz de teléfonos celulares. Algunos pacientes han muerto como consecuencia de esta situación.
Las crisis rara vez tienen una sola causa, pero hay pocas dudas sobre quién es responsable de un bloqueo de combustible. Sea lo que sea que haya hecho el Gobierno cubano, sus civiles no merecen un castigo colectivo.
Expertos independientes en derechos humanos de la ONU han denunciado reiteradamente el bloqueo de combustible por constituir una violación del derecho internacional. El embargo más amplio ha sido condenado de manera rutinaria y abrumadora en 34 votaciones anuales de las Naciones Unidas.
Este bloqueo de combustible es cruel. Es ilegal. Es un acto de guerra. Es impopular, tanto en el escenario mundial como entre los votantes estadounidenses. Incluso puede representar un riesgo para la seguridad nacional.
Con el nuevo equilibrio de poder, el Congreso tiene herramientas para confrontarlo.
El primer paso que puede dar el Congreso es votar una resolución sobre los Poderes de Guerra (War Powers Resolution) que prohíba el uso no autorizado de la fuerza militar contra Cuba, incluso para hacer cumplir el bloqueo de combustible.
Esto no debería esperar a que se instale el nuevo Congreso. La representante Nydia Velázquez (D-N.Y.) ya presentó una iniciativa legislativa de ese tipo, y las resoluciones sobre poderes de guerra tienen carácter privilegiado, lo que significa que los demócratas pueden someter a votación el proyecto de ley de Velázquez incluso mientras están en minoría. La dirección demócrata se abstuvo de hacerlo antes de las elecciones de medio término, probablemente por temor a perjudicar a los candidatos demócratas en Florida, donde existe un poderoso electorado favorable a las sanciones. Con las elecciones ya concluidas, no hay razón para demorar la votación.
Una votación similar en el Senado fracasó por un estrecho margen en abril y contó con el apoyo de dos republicanos. Incluso si una resolución sobre poderes de guerra no consiguiera hoy los votos necesarios para su aprobación, celebrar la votación enviaría una señal contundente de la renovada disposición de los demócratas a asumir este tema y daría impulso al nuevo Congreso para continuar ese esfuerzo.
El primer paso que puede dar el Congreso es votar una resolución sobre los Poderes de Guerra (War Powers Resolution) que prohíba el uso no autorizado de la fuerza militar contra Cuba, incluso para hacer cumplir el bloqueo de combustible.
Esto no debería esperar a que se instale el nuevo Congreso. La representante Nydia Velázquez (D-N.Y.) ya presentó una iniciativa legislativa de ese tipo, y las resoluciones sobre poderes de guerra tienen carácter privilegiado, lo que significa que los demócratas pueden someter a votación el proyecto de ley de Velázquez incluso mientras están en minoría. La dirección demócrata se abstuvo de hacerlo antes de las elecciones de medio término, probablemente por temor a perjudicar a los candidatos demócratas en Florida, donde existe un poderoso electorado favorable a las sanciones. Con las elecciones ya concluidas, no hay razón para demorar la votación.
Una votación similar en el Senado fracasó por un estrecho margen en abril y contó con el apoyo de dos republicanos. Incluso si una resolución sobre poderes de guerra no consiguiera hoy los votos necesarios para su aprobación, celebrar la votación enviaría una señal contundente de la renovada disposición de los demócratas a asumir este tema y daría impulso al nuevo Congreso para continuar ese esfuerzo.
En 2027, el nuevo Congreso podría aprobar esta y otras medidas concretas para ayudar a poner fin a las privaciones que sufre la población cubana:
Poner fin a la declaración de emergencia nacional de enero, sobre la cual se sustentan muchas de las sanciones recientes.
Eliminar la designación infundada de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”, que prácticamente excluye al país del sistema financiero internacional.
Suspender las facultades del Título III de la Ley Helms-Burton, que permiten a terceros demandar a personas y empresas que “trafiquen” con propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
Incluso aquellas medidas que no logren superar un veto presidencial servirían para dejar clara la posición del Congreso e imponer un costo político a la administración Trump. Más importante aún, estas iniciativas podrían incorporarse posteriormente a proyectos legislativos de aprobación prácticamente obligatoria, como la ley anual de autorización de gastos de defensa.
Los demócratas también pueden aprovechar los proyectos de ley de asignaciones presupuestarias de aprobación obligatoria para restringir o condicionar el uso de fondos. Por ejemplo, podrían prohibir que los fondos del Pentágono se destinen a acciones militares o a hacer cumplir el bloqueo de combustible, así como impedir que el Departamento del Tesoro utilice recursos para vigilar o hacer cumplir las sanciones contra quienes suministran combustible a Cuba.
Pero el Congreso no debería limitarse a dar marcha atrás hasta la situación de 2024. Hace mucho que debería haberse puesto fin al embargo que lleva más de 60 años perjudicando deliberadamente a la población civil cubana. En el pasado, se presentaban regularmente proyectos de ley para derogar las principales disposiciones legales que sustentan el embargo, incluso con apoyo bipartidista. Aunque hoy esas iniciativas quizá no puedan superar un veto presidencial, permitirían fijar la posición política del partido y sentar las bases para un futuro presidente demócrata.
Poner fin a la crisis de Cuba no será fácil. Incluso podría agravarse en los próximos dos años: Trump podría responder al nuevo equilibrio de poder en Washington haciendo una demostración de fuerza en el extranjero, donde el Ejecutivo tiene mayor margen de maniobra. Pero esa es una razón más para que el Congreso actúe con rapidez y decisión para contenerlo. Los cubanos sufren las consecuencias de una política estadounidense ilegal. El Congreso no debe abdicar de su responsabilidad de actuar.
Tomado de Cubadebate

