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“La transformación del entorno cubano requiere de un nuevo Código de las Familias atemperado a la Constitución”, destacó esta mañana Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de Derechos de la Mujer, durante el noveno periodo ordinario de sesiones de la IX legislatura de la Asamblea Nacional.
Al presentar la propuesta de dictamen del proyecto de Código de las Familias en su versión 25, Santana Bello afirmó que hemos asistido a un ejercicio de genuina democracia. “La sociedad cubana aportó y tuvo la oportunidad de discernir”, dijo.
Como resultado de las consulta popular -recordó- fue modificado el 47,93% del texto general y el 49,15% del total de sus artículos.
Entre los cambios aplicados al proyecto, la diputada resaltó que se reconoce expresamente el cuidado como derecho, y se amplía la protección de niñas, niños y adolescentes a las situaciones excepcionales y de desastre.
Asimismo, se refuerza la tutela urgente ante la discriminación y la violencia, y se amplía la posibilidad de denuncia a cualquier persona que conozca de estos hechos.
En la nueva versión se mejora la comprensión de las fuentes de la filiación y los tipos que genera, así como los supuestos en que deriva en la multiparentalidad.
También se perfilan normas del ejercicio de responsabilidad parental que vinculan el consentimiento de ambos titulares de la responsabilidad parental, por ejemplo, para las salidas del territorio nacional y su impacto ante la eventual sustracción o retención de las niñas, niños y adolescentes.
Durante la presentación, Santana Bello destacó que, de manera general, el Código de las Familias:
- Busca reconocer y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad.
- Hay un tratamiento intencionado contra la discriminación y la violencia en el espacio familiar.
- Reconoce los derechos de las personas adultas mayores.
- Incorpora la posibilidad de la gestación solidaria.
- Transformación de un sistema de potestad a uno de responsabilidad en la relación madres y padres para con sus hijos.
- Desarrolla el derecho de todas las personas a fundar una familia y contraer matrimonio.
- Se nombran y reconocen a los cuidadores familiares.
La versión 25 del proyecto del Código de las Familias será sometida a aprobación en el Parlamento durante los próximos días.
De resultar aprobado y quedar como ley se pondría a disposición de la Asamblea la decisión de convocar al referendo previsto por la Constitución, que hasta ahora tendría lugar el próximo mes de septiembre.
Actualizan acerca de la elaboración de la Política sobre la atención a la niñez y juventudes
En la Comisión de Atención a la Juventud, Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, la Doctora en Ciencias, María Isabel Domínguez, coordinadora del Grupo de trabajo del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas brindó una actualización sobre la elaboración de la Política sobre la atención a la niñez y las juventudes.
En el documento, se plantean como antecedentes la Constitución de la Republica del 2019, el proyecto Ley del Código de las familias, así como otros planes y estrategias del país que abordan el tema de la niñez y las juventudes.
El viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella indicó que la aprobación de la política lleva un proceso de análisis y debate hasta su aprobación en el Consejo de Ministros. “Se continuarán realizando debates para tener una apreciación más completa del proceso, debido la importancia que tiene en los momentos actuales actualizar esta política”.
Enfatizó que debe ser no solo una política de protección sino también de participación.
“Al realizar el diagnóstico se determinó que se cuenta con un potencial docente calificado y amplio sistema de instituciones educacionales, culturales y deportivas. Así como programas especializados como el Programa Materno-Infantil y el Programa de Atención Integral a la Adolescencia y a las personas en condición de discapacidad”, indicó la socióloga.
Asimismo, destacó que entre las principales problemáticas detectadas está la desarticulación entre políticas, programas y planes sectoriales, así como la ausencia de un mecanismo nacional de coordinación.
“Existe una diferenciación en los rangos de edades para la consideración de niñez y juventudes de las políticas y regulaciones que generan inconsistencias en su tratamiento”, puntualizó.
Sobre el tema de los rangos etarios, la socióloga puntualizó que era necesario homogeneizar al máximo los rangos de las distintas políticas y normativas. María Isabel Domínguez dijo que se decidió mantener la edad electoral y la edad penal en los 16 años con tratamientos específicos para el segmento de 16-10 años que aún clasifican en la etapa de la niñez.
Además, se decidió ampliar la duración de la formación de técnico de nivel medio superior al incrementar en un año el periodo de práctica pre-profesional, en función de consolidar las habilidades profesionales y con una remuneración superior al estipendio actual.
“Se eleva la edad laboral de 17 a 18 años con tratamiento especial para los egresados de obreros calificados. Ese cambio implica una modificación en el Código de trabajo vigente”, dijo
La Política sobre la atención a la niñez y juventudes –informó- debe aprobarse y comenzar su implementación este año. “Posteriormente debe realizarse un plan de acciones imprescindible para el cumplimiento de la política”.
Keyla Estévez, directora del Centro de Estudios de la Juventud (CESJ) explicó el proceso de consulta desarrollado con niños y adolescentes, a través de encuestas online y presenciales, así como foros de debate de conjunto con Juventud Rebelde y Alma Mater.
Entre las principales preocupaciones recogidas está el tema económico, sus aspiraciones profesionales, el acceso a la vivienda, la recreación, e acceso a la educación y la calidad del proceso educativo, la falta de motivación, la marginación y las desigualdades.
Agregó que la participar en la toma de decisiones y ser escuchados, que “los adultos los dejen hacer”, son algunas de las demandas que se visibilizaron como demandas de los encuestados.
Diputados debaten sobre el perfeccionamiento de los IPVCE
Comisión de atencion a la juventud, la niñez y a la igualdad de derechos de la mujer. Foto: Ismael Francisco/ Cubadebate.
Sobre los resultados de la fiscalización al Perfeccionamiento de los Institutos Preuniversitarios de Ciencias Exactas (IPVCE) debatieron los diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
En el período fueron visitados 13 de las 16 instituciones de este tipo en el país, con excepción de Sancti Spíritus, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. Participaron 34 diputados y diputadas de la comisión que intercambiaron con un promedio de 50 estudiantes por centro.
“La Estrategia presentada por el Ministerio de Educación (Mined) es acertada, sobre la misión de elevar la calidad del proceso educativo para garantizar la formación integral con una base más profunda en las ciencias exactas y naturales, que les permita desarrollar la vocación y su incorporación a carreras de ciencia”, valoró Miguel Charbonet Martell, vicepresidente de la comisión.
En su presentación el diputado habló de la necesidad de realizar acciones conjuntas entre el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Mined que garanticen el proceso de renovación del personal docente con jóvenes preparados, que en la mayoría de las ocasiones egresaron de esos propios centros.
Entre las recomendaciones del informe presentado a la comisión destacan:
- Revisar el estado constructivo de los centros y continuar las acciones para la mejora de las condiciones de vida de los estudiantes que se mantienen en régimen interno.
- Atender el cumplimiento de los planes de ingreso y retención.
- Asegurar la constitución de centros de entretenimiento para los alumnos concursantes.
- Actualizar e impulsar los convenios Mined-MES-Citma u otras instituciones científicas.
- Fortalecer el trabajo de formación y orientación profesional.
Hablan los diputados
Yuleidis Cruz, diputada por Las Tunas, señaló que los estudiantes del IPVCE de su provincia tienen insatisfacciones con los insumos en los laboratorios, por ejemplo, los mapas que hoy existen no tienen la división política-administrativa actualizada. “Esto conlleva a la desmotivación de los estudiantes”, dijo.
Otra de las inquietudes señaladas por Cruz radica en la oferta de carreras afines a los estudiantes que se presentan en concursos y obtienen una medalla de oro. Por ejemplo, las plazas que se les ofrece a los ganadores de concursos de idiomas que solo son de corte pedagógico.
Inés Sánchez, representante de Guantánamo, señaló las preocupaciones que existen en el IPVCE de su territorio con el equipamiento de las aulas tecnológicas, con la sistematicidad de los pases y con la necesidad de potenciar las asignaturas relacionadas con la Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Por su parte, Irma Betancourt, de Granma, dijo que desde la experiencia en el tiempo que llevan trabajando con los IPVCE, identifican que hay una aceptación con la atención diferenciada a estas instituciones y su vinculación con los centros de investigación.
José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior, dijo en su intervención que hay que analizar las causas que han llevado a la situación actual de los IPVCE: migración de los profesores hacía los preuniversitarios en las ciudades o las dificultades en la formación general, por ejemplo.
“Lo importante es rescatar el por qué se crearon estás instituciones con claustros profesionales de primer nivel. Hay que articular las capacidades que tenemos para potenciar la formación en los IPVCE”, aseguró Saborido Loidi.
Participaron en los debates de la comisión Jorge Luis Perdomo Di-Lella, viceprimer Ministro; Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del departamento de Atención al Sector Social; y Martha Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión.
Analizan diputados informe de rendición de cuenta de la Fiscalía y el Tribunal Supremo Popular
Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos analizaron durante esta jornada el informe de rendición de cuenta de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
Los resultados fueron presentados cumpliendo el acuerdo dictado por la Asamblea Nacional en 2017, última vez que dichos organismos rindieron cuenta al Parlamento.
Durante la presentación del documento, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, destacó la agilidad en la tramitación de los casos. “Cada año, entre 2017 y 2021, el Tribunal resolvió alrededor del 90% de los casos que entraron”, precisó.
Remigio Ferró resaltó que en tiempos de la pandemia de covid-19 en el país nunca se detuvo la actividad judicial.
En materia de derecho civil -dijo- prevalecen los conflictos asociados a la vecindad y los divorcios por mutuo acuerdo.
El presidente del Tribunal Supremo Popular señaló que alrededor del 80% de las personas cumplen adecuadamente su sanción, mientras que el otro 20% comete otro delito y, por ende, es remitido a prisión.
Comentó sobre la presencia de los jueces legos y la necesidad de aspirar a que todos los jueces sean excelentes.
Durante la mañana también fue presentada la propuesta de dictamen sobre los informes de rendición de cuenta de la Fiscalía y el Tribunal.
En el proyecto de dictamen se destaca el trabajo de los tribunales durante estos cinco años y se llama a prestar atención a las instancias municipales a donde se derivan la mayor cantidad de asuntos y donde radican los jueces más jóvenes y con menos experiencia.
En el proyecto de dictamen también se plantea que hay que fortalecer las acciones de capacitación y entrenamiento de sus efectivos.
El dictamen sobre los informes de rendición de cuenta de la Fiscalía y el Tribunal será llevado a aprobación este jueves en la sesión plenaria del Legislativo cubano.
