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Cienfuegos acogió una de las reuniones territoriales de consulta del anteproyecto de Ley de Educación, proceso que se extendió por diez provincias del país con la participación de docentes, directivos, especialistas y representantes de diferentes sectores de la sociedad.
Reinaldo Velázquez Saldívar, viceministro de Educación Superior, explicó que Cuba necesita una nueva norma jurídica capaz de integrar los avances alcanzados por el sistema educativo desde 1959.
«Estamos en un momento trascendental del devenir histórico de nuestro país y creo que es el momento de contar con una Ley de Educación que integre, aglutine y sistematice todos los desarrollos que en materia de educación se han tenido en nuestro país en todos estos años», señaló.
El viceministro recordó que la legislación vigente data de 1959 y que, desde 2019, un grupo de trabajo ha elaborado y revisado varias versiones del anteproyecto. La actual consulta busca garantizar la participación de quienes tendrán la responsabilidad de aplicar la futura ley, entre ellos maestros, profesores y directivos, así como de otros organismos y actores sociales.
De acuerdo con Velázquez Saldívar, las sugerencias serán evaluadas con vistas a presentar un documento fortalecido ante los diputados en la sesión de diciembre.
Entre las novedades se encuentra la integración, en una sola norma, de la legislación y las disposiciones jurídicas aprobadas en materia educacional desde 1959, con el propósito de superar la dispersión normativa. El documento incluye asuntos relacionados con la certificación de instituciones, la atención a estudiantes con potencialidades talentosas, la obligatoriedad de la educación, el pago de estudios de posgrado y la relación entre los organismos.
En el intercambio, se señaló que algunos de estos temas generaron debates durante la elaboración y también han motivado propuestas en las consultas territoriales.
Hasta el momento, el intercambio ha involucrado a más de 200 mil personas, incluidos maestros, directivos, profesionales de la Educación Superior, doctores, especialistas de la salud pública y representantes de las facultades de Derecho, cuyas observaciones contribuirán a enriquecer la redacción final del anteproyecto.
