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Los resultados en la implementación de las leyes de Pesca y de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el estado de las producciones y la inversión extranjera así como las acciones para prevenir y enfrentar las ilegalidades, el delito y la corrupción en el sector, fueron analizados este jueves por los diputados, que conocieron el informe de la más alta fiscalización al Ministerio de la Industria Alimentaria, presentado por Ramón Osmany Aguilar Betancourt, presidente de la comisión agroalimentaria.
El proceso de fiscalización, desarrollado mediante 31 acciones de enero a mayo de 2024 con la intervención de las comisiones de Asuntos Económicos, Industrias, Construcciones y Energía y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, con la coordinación de la Comisión Agroalimentaria, incluyó visitas a 491 entidades, en las que se intercambió con unas 10 540 personas.
Entre estas, destacan las visitas a empresas que integran las OSDE atendidas por el ministro y las 15 alimentarias de los Gobiernos provinciales. También fueron sostenidos reuniones con el Consejo de Dirección del Ministerio, intercambios con trabajadores del sector y autoridades políticas y gubernamentales en las provincias de Granma, Guantánamo, La Habana, Holguín, Sancti Spíritus y Matanzas.
Sobre los resultados de la implementación de la Ley 129/ 2019, Ley de Pesca, y sus normas complementarias, en el informe de la más alta fiscalización se destaca la capacitación sobre la normativa que recibieron más de 12 700 pescadores, y las 232 acciones de preparación en las que participaron 542 agentes de la PNR.
El informe señala que se avanza en la implementación de las medidas aprobadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministro para flexibilizar la actividad pesquera no estatal.
Entre esas medidas, están los servicios de construcción y reparación de embarcaciones de entidades especializadas a las distintas formas de gestión; el incremento hasta 60 HP de la potencia de motores a importar sin carácter comercial por personas naturales; la autorización a personas naturales para construir e inscribir embarcaciones, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos, y la creación de condiciones en los territorios para la venta mayorista y minorista de insumos (incluidos artes de pesca y medios de protección).
Tomado de 5 de septiembre
